Millones de personas con discapacidad no podrán votar en las elecciones al Parlamento Europeo

Según un informe del CESE, subsisten numerosos obstáculos jurídicos y técnicos en toda la UE y ni un solo Estado miembro ha garantizado que las elecciones sean accesibles a todos sus ciudadanos.

El 20 de marzo, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) publicó un documento informativo en el que se ofrece una visión completa de la situación actual en lo que respecta al derecho de voto de las personas con discapacidad en las elecciones al Parlamento Europeo.

El informe titulado «El derecho real de voto en las elecciones al Parlamento Europeo de las personas con discapacidad» demuestra que, a pesar de los numerosos actos jurídicos vinculantes que protegen los derechos de las personas con discapacidad en la UE, millones de ellas no podrán -o no se les permitirá- emitir su voto esta primavera, o cuando menos podrían tener dificultades para hacerlo.

Según su autor, el polaco Krzysztof Pater: «Este informe presenta el lado menos humano de Europa, poniendo al descubierto una realidad bastante alejada de nuestras expectativas, de los actos jurídicos fundamentales del Derecho internacional y de las declaraciones políticas».

Refiriéndose a la campaña electoral lanzada recientemente por el Parlamento Europeo y a su lema «Esta vez voto», el Sr. Pater señaló: «Al parecer, para los responsables políticos y los medios de comunicación, el único problema es cómo motivar a los ciudadanos de la UE para que vayan a votar. Y, sin embargo, muchos ciudadanos con discapacidad solo podrán decir, una vez más, que no pueden votar debido a las barreras técnicas que siguen existiendo en su país. O que, una vez más, la legislación nacional de su país les impide votar».

Según el informe, muchos votantes más se verán disuadidos por obstáculos técnicos de acudir a los colegios electorales, que no tienen en cuenta las necesidades que se derivan de los diversos tipos de discapacidad.

Además, el informe estima que unos 800 000 ciudadanos de la UE que padecen problemas de salud mental o una discapacidad intelectual quedarán privados de su derecho de voto debido a las normas nacionales vigentes en dieciséis Estados miembros, lo cual el CESE considera especialmente preocupante.

En nueve Estados miembros de la UE, estas personas pierden automáticamente su derecho de voto cuando su capacidad jurídica se ve disminuida o cuando están bajo tutela. En virtud de siete leyes nacionales, su capacidad de voto es evaluada individualmente por tribunales o comisiones sanitarias.

Los procedimientos relativos a la revocación del derecho de voto varían sustancialmente de un Estado miembro a otro. En algunos de ellos, estos procedimientos están destinados únicamente a pacientes con afecciones médicas graves y que son incapaces de relacionarse con otras personas, mientras que, en otros, se obliga a miles de personas a someterse a un proceso complicado que a veces hasta incluye una prueba de conocimientos generales con preguntas sobre física o historia (como, por ejemplo, «¿cuál es la velocidad de la luz?» o «¿quién era Catalina la Grande?»).

Las cifras también varían: solo unas cien personas tienen prohibido ejercer su derecho de voto en Portugal, mientras que en Alemania y Polonia el número de personas se eleva a 82 000 y 90 000 respectivamente.

En cuanto a los obstáculos técnicos, cabe señalar que la manera de abordar la cuestión de la adaptación de los colegios electorales también varía de manera muy significativa de un Estado miembro a otro. Seis de ellos carecen de normas para procurar que los colegios electorales sean accesibles a las personas con discapacidad. Y si bien once países aplican el principio general de que todos los colegios electorales deben acondicionarse, en la práctica esta accesibilidad se entiende de manera bastante restrictiva.

«Las autoridades públicas suelen calificar de "accesible" un colegio electoral únicamente si una persona en silla de ruedas puede entrar en él, pasando por alto las necesidades de personas con muchos otros tipos de discapacidad. La gran mayoría de los colegios electorales de la UE no están adaptados plenamente a las necesidades de las personas con distintos tipos de discapacidad», afirmó el Sr. Pater.

En dieciocho Estados miembros, los votantes invidentes no tienen forma de votar de manera autónoma. En ocho Estados miembros no se ofrecen alternativas al voto en el colegio electoral, como el voto por correo, la votación electrónica o el voto mediante urna móvil, lo cual significa que las personas físicamente incapaces de acudir al colegio electoral no podrán emitir su voto. En doce países, las normas nacionales no permiten a los votantes cambiar un colegio electoral por otro más adecuado si este no les ha sido asignado en función de su domicilio.

Pero a pesar de dibujar un panorama sombrío, el informe da motivos para la esperanza. Enumera doscientos ejemplos de buenas prácticas y soluciones positivas que pueden encontrarse en cada uno de los Estados miembros.

Por ejemplo, Rumanía permite a los votantes realizar una marca junto al nombre del candidato utilizando un sello proporcionado por la comisión electoral. En Lituania, las autoridades difunden un mapa en línea que muestra los colegios electorales mejor adaptados para los votantes con movilidad reducida. Todos los ciudadanos de Estonia pueden votar mediante procedimiento electrónico. Los votantes de Dinamarca cuentan con la posibilidad de votar por anticipado, desde tres semanas hasta dos días antes en los colegios electorales designados.

En el informe también se mencionan nuevos avances positivos en algunos países, como la adopción de medidas encaminadas a abolir la privación automática del derecho de voto de todos los ciudadanos bajo tutela.

En el pleno del miércoles, los miembros del CESE decidieron transmitir el informe a las instituciones de la UE, los gobiernos nacionales y las ONG que representan a las personas con discapacidad o cuya actividad se centra en los derechos humanos.

El Sr. Pater aseguró que la finalidad del informe no era criticar a ningún Estado miembro de la UE. El CESE confía en que sus ejemplos positivos ayuden a los responsables políticos, tanto a nivel de la UE como a nivel nacional, a encontrar soluciones globales para eliminar los obstáculos jurídicos y técnicos que impiden a este importante colectivo de ciudadanos de la UE ejercer sus derechos fundamentales. El informe también debería ser de utilidad para las ONG que se esfuerzan por garantizar el derecho de voto de estas personas a nivel nacional.

«Si se aplicaran las mejores prácticas de todos los países, surgiría un sistema ideal en el que cada ciudadano de la UE con discapacidad no solo disfrutaría plenamente de su derecho de voto, sino que también podría elegir la forma más adecuada de emitir su voto», sostuvo.

«A mi modo de ver, este informe ayudará a elaborar las normas necesarias para garantizar que ningún ciudadano de la UE se vea privado de su derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024», concluyó el Sr. Pater.

El informe se elaboró sobre la base de encuestas realizadas entre 2016 y finales de 2018 en todos los Estados miembros de la UE, excepto el Reino Unido. La información que contiene fue proporcionada en gran parte por las autoridades públicas responsables del proceso electoral y por ONG que representan o apoyan a las personas con discapacidad, así como por diputados al Parlamento Europeo y representantes del Foro Europeo de la Discapacidad.