La consejera de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, y el gerente de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT), Tomeu Tugores, han presentado las principales cifras que se desprenden de la memoria de 2017. Garrido ha afirmado que "estos datos demuestran cuál es la tarea que queremos que haga la Agencia y que queremos que se gestione de manera independiente, como se ha demostrado en estos tres años de gestión". Además, ha asegurado que "si se quiere, sí se puede hacer cumplir la disciplina en el suelo rústico".

"Protegemos nuestro territorio y nuestro bien más preciado, el paisaje. No podemos permitir que la gente no siga la ley y construya fuera de la normativa vigente, para que provoca un gran agravio comparativo con la gente que lo hace de forma adecuada ", según la consellera. La cifra que más demuestra que se logra el objetivo de la Agencia es que desde 2016 hasta el primer semestre de 2018 se han ejecutado 158 demoliciones. De éstas, 26 corresponden al ejercicio de 2016, 81 el 2017 y 51 en el periodo de enero a junio de este año.

Este dato, si se compara con los 5 primeros años de existencia del ADT (2.011 a 2.015), se ha aumentado en un 88 por ciento ya que durante ese período sólo se llevaron a cabo 19 demoliciones. Además, todas las demoliciones, menos una, de esta legislatura han sido ejecutadas por los propietarios gracias a la implantación de las multas coercitivas. En 2017, se impusieron 162 multas con un importe total de 0,94 millones de euros.

El gerente Tugores ha explicado que "gracias a la aplicación de las multas coercitivas, muchos infractores han empezado a ejecutar las demoliciones antes de que acabe la tramitación del expediente y, de este modo, se pueden acoger a reducciones de la sanción de entre un 80 y un 90 por ciento ". Como también, "ha sido fundamental que se ha creado la conciencia de que la Agencia llegará hasta el final".

Las sanciones impuestas el año pasado ascienden a 110 con una cuantía total de 4 millones de euros. Respecto al 2016, las sanciones se han incrementado en un 49 por ciento y la cuantía, un 57,5 ​​por ciento, pasando de 1,7 millones a 4 del ejercicio anterior. Por otra parte, las inspecciones se han ido incrementando año tras año y el 2017 se realizaron 707. Si este dato se compara con la de 2014, último año completo de la última legislatura, se ha aumentado en un 55 por ciento, pasando de 319 a las 707.

Además, en 2017 también ha sido el primer año en que se han repartido los excedentes de la Agencia entre los municipios miembros. En total, se destinaron 1,3 millones a los ayuntamientos de Algaida, Campanet, Felanitx, Marratxí, Montuïri, Puigpunyent y Son Servera.